La Universidad abre cada día más sus puertas y se conecta más amplia y profundamente con la sociedad en el afán de ir hallando juntos soluciones a algunos de los problemas más cruciales, como pueden ser los originados por las catástrofes.

En geografía social y en geografía física hay investigadores que se han dedicado desde hace años a analizar los componentes de los atlas de riesgos y a refinar metodologías para hacer ordenamientos territoriales y/u ordenamientos ecológicos. Así inicia la conversación la doctora Naxhelli Ruiz Rivera con El faro. En el Instituto de Geografía (IGg) es una añeja inquietud a la que han dedicado mucho tiempo, recursos y esfuerzo algunos de sus investigadores.

El origen del trabajo de la doctora Ruiz Rivera, titulado “Evaluación metodológica, conceptual e institucional de los atlas de riesgos municipales en México”, partió de que el IGg estuvo involucrado en la elaboración del atlas de riesgos de la delegación Tlalpan, “y nos tocó experimentar en carne propia lo que implicaba generar los atlas a partir del esquema propuesto desde la Sedesol”.

La guía para la elaboración de los mapas se preparó en la Universidad Autónoma del Estado de México, y todos los contratistas involucrados tenían que seguirla. La investigadora refiere que varios aspectos de este documento eran muy difíciles de integrar porque “incluso nosotros, jamás tuvimos la información necesaria para generar algunos de los productos que se pedían en la guía”.

Ver Guía  
[accordion title=»Heterogeneidades» close=»1″]Parte del compromiso de efectuar esta evaluación o análisis tenía que ver con la integración cartográfica del producto y con el problema en torno a los equipos que los elaboran. Entre ellos había sociólogos, cartógrafos, geógrafos sociales, ingenieros, arquitectos… “Fue muy difícil hacer la integración. En particular, me quedé pensando: ‘¿Qué podemos esperar de una empresa que se dedica a vender materiales de construcción y que gana una licitación para hacer un atlas de riesgos?’. Porque la mayoría de las empresas que los han hecho tienen que ver con la construcción. Es tan variado el perfil de los contratistas que hasta hubo un psicólogo que ganó la licitación para hacer un atlas de riesgos. La calidad del producto sí es muy variable”, reconoce la especialista. “Hay atlas de excelente calidad y otros que dices: ‘¡Qué es esto!’. Hay más de uno que no elaboró sus propios mapas sino que trabajó directamente en Google Earth”.

Otra de las dificultades que está enfrentando la doctora Rivera Ruiz en su evaluación es que algunos atlas presentan ambigüedades en torno a su aspecto legal, porque la oficina de protección civil del correspondiente municipio o entidad federativa nunca los avaló. “Hay ahí un problema de coordinación institucional a nivel federal y local. A esto hay que añadirle que la mayor parte de los equipos involucrados no tiene la capacidad ni logística, ni académica ni financiera para hacer investigación de carácter primario para un atlas”.[/accordion]

[accordion title=»El papel y la realidad» close=»1″]

En el caso del estado de Guerrero, se tienen bien identificados los puntos de la Autopista del Sol donde los taludes son más frágiles y pueden ocasionar deslaves. También se sabe, por ejemplo, que en Acapulco va a haber un tsunami si hay un sismo mayor.

“Lo que no hay es la implementación de un sistema de protección civil que diga: Las poblaciones más vulnerables son esta, esta y esta; si pasa esto, hay que moverlas para acá, donde debe haber un albergue listo. La alerta se tiene que trasmitir de esta y esta manera para que la escuchen… Ese tipo de cosas es lo que no existe”,

especifica la joven investigadora.

Parte del problema es que el sistema está descentralizado, o semidescentralizado: ciertas tareas le corresponden a la Secretaría de Gobernación, otras a protección civil estatal y otras más a los municipios. “Aunque el sistema esté armado en las leyes y haya oficinas de protección civil en diversos ámbitos de gobierno, de eso a que funcionen hay una gran distancia”, lamenta.

Después de la gran catástrofe acontecida en el estado de Guerrero, muchos se preguntan por qué la autoridad dejó que se instalaran casas en las áreas de riesgo castigadas en esa ocasión con la tragedia. A este reclamo, la doctora Naxhelli responde que los encargados de hacer la zonificación urbana y otorgar los permisos de uso de suelo son los municipios. “Al momento en que se descentralizó la regulación, muchos municipios no tenían la capacidad de regular su territorio. Eso es lo que pasó. Además, si el presidente municipal es compa del empresario que hace el desarrollo inmobiliario o él mismo es empresario inmobiliario, aprovecha que los mercados de suelo están diseñados en ese momento para sacar la mayor ganancia posible a través de los cambios de uso de suelo, que es la parte más importante de la plusvalía que tienen las inmobiliarias. Ese tipo de autoridades no van a decir que no”, responde la experta.

Incluso si hubieran dado la alerta a nivel federal, la realidad es que las acciones locales de protección civil no estaban listas en el caso de Guerrero. Por el contrario, en un sismo en el DF, la respuesta va a ser más organizada, porque la institucionalidad en un caso y otro es muy diferente, reconoce la científica.

Pasados los eventos catastróficos, hubo muchos comentarios entre los investigadores del Instituto de Geografía coincidentes, todos, en la necesidad de seguir orientando sus esfuerzos hacia soluciones a los problemas sociales más acuciantes.

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Por José Antonio Alonso García   josealonso@cic.unam.mx