José Ramón Cossío, José Sarukhán, Julia Carabias y Antonio Bolívar (coordinadores), Fondo de Cultura Económica, México, 2014.
En México toda persona tiene derecho a disfrutar de un medio ambiente óptimo para su desarrollo y bienestar. Bajo esta premisa, especialistas en materia legal-ambiental ponen a disposición de los lectores las leyes, las instancias y los actores a los que se puede acudir para dirimir asuntos en esta materia.
A modo de prontuario, el libro ofrece un panorama general sobre los cuatro subsistemas de justicia encargados de garantizar que se cumplan las leyes en el rubro ambiental.
El primero es el Subsistema de Justicia Ambiental Administrativa, formado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional del Agua; el segundo se denomina Subsistema de Justicia Ambiental Penal, en el que intervienen la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público.
El tercer subsistema descansa en las asociaciones civiles, que se agrupan en comunidad y redactan documentos para acudir ante jueces federales. El cuarto es el de Justicia Ambiental Constitucional, integrado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, jueces de distrito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El libro explica cómo denunciar un hecho contra el ambiente, qué papel juegan las autoridades federales, cuál es el rol de las autoridades estatales o cómo realizar un escrito para interponer una denuncia por delitos contra el ambiente; también incluye ejemplos que pueden ayudar a la toma de acciones.
Defensa legal contra delitos ambientales introduce a la protección y defensa del medio ambiente, con base en la ley y el derecho penal, define cómo y cuándo se repara un tipo de daño ambiental o qué hacer ante los daños ambientales producidos por sustancias peligrosas o emisiones de descargas de contaminantes en ríos, mares y lagos.
También se precisa que el Códi-go Penal Federal tipifica los daños forestales, a la fauna silvestre, a los ecosistemas y al medio ambiente por actividades con organismos genéticamente modificados, entre otros delitos.
Asimismo, se indica que los derechos y obligaciones de las víctimas de un delito descansan en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, y en el artículo 20 de la Constitución.
Desde nuestra perspectiva, el libro pone a disposición de la gente una valiosa información sobre el funcionamiento del sistema general de protección al medio ambiente en México, y contribuye a la toma de decisiones y acciones informadas con bases legales.
por Sandra Vázquez Quiroz
