Origen de la bioseguridad nacional
Editorial – El faro 156, marzo 2014
El Protocolo de Cartagena sobre seguridad biotecnológica regula el movimiento transfronterizo de organismos vivos modificados entre los países que lo suscriben. El pacto data de 1995 y para el año 2000 su contenido fue adoptado como un acuerdo suplementario del Convenio sobre Diversidad Biológica. México ratificó el Protocolo por mandato del Senado de la República en 2002, para que entrara en vigor el 11 de septiembre de 2003.
Para dar seguimiento a los acuerdos firmados en ese entonces, el gobierno de México creó la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), un ente del Ejecutivo federal que al más alto nivel se encarga de establecer las políticas relacionadas con el uso seguro de los organismos genéticamente modificados (OGM). La CIBIOGEM cuenta con representantes de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Salud; Educación Pública; Hacienda y Crédito Público; y Economía, además del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En mayo de 2008, la CIBIOGEM instruyó a los titulares de la comisión a establecer y mantener una red de monitoreo de OGM, la cual responde a las necesidades de monitoreo y evaluación que deben atenderse en un país mega-diverso, centro de origen de especies importantes para muchos ecosistemas de México, ante nuevas alternativas agroindustriales derivadas de avances biotecnológicos.
La CIBIOGEM constituye una herramienta de apoyo para ponderar con el suficiente sustento científico los efectos que organismos vivos modificados pudieran tener sobre la salud humana o el medio ambiente, la sanidad vegetal o la acuícola; además, es útil para la toma de decisiones en cuanto al manejo adecuado y el cumplimiento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que atiende el control y manejo de posibles riesgos derivados de las actividades con OGM, mediante una evaluación previa de dichos riesgos y el monitoreo posterior a su liberación.
Sin embargo, a pesar de los recursos y las instancias creadas para evitar afectaciones y conocer el estatus nacional de los organismos genéticamente modificados, Ignacio Chapela, ecólogo y microbiólogo de la Universidad de California en Berkeley, y uno de sus discípulos, David Quist, hicieron un descubrimiento que desmentía uno de los principales supuestos de la biotecnología genética del maíz. En diciembre de 2001, la revista Nature divulgó su estudio en el que se evidenciaba la presencia de transgenes en cultivos de maíz de la Sierra Norte de Oaxaca, uno de los centros de origen en territorio nacional, muy lejos de los sitios donde se experimentaba con esos productos. Años más tarde se encontraron en sembradíos de Guanajuato y Yucatán.
Por ello es importante mantenerse al tanto de las actividades agroindustriales y de investigación en ese tema, pues los organismos genéticamente modificados llegaron para quedarse. Este número toca el tema del maíz, planta que forma parte de la identidad nacional, su transgén y su relevancia en la soberanía y autosuficiencia alimentaria de México.
